En España, la financiación de la seguridad social se apoya,
básicamente, en las cuotas o cotizaciones que han de pagar obligatoriamente
todos los trabajadores con empleo y, en su caso, sus empleadores. Es decir, el
esfuerzo del desarrollo y mantenimiento de la seguridad social recae
fundamentalmente en las personas que trabajan. Ello se traduce automáticamente,
en dos aberraciones sociales:
La primera es de tipo psicológico. Muchos creen que las
cuotas que han ido aportando a lo largo de su vida son una especie de seguro
privado para su jubilación y pretenden calcular su retiro en función de ello y
se sublevan a la hora de que el estado compute uno u otro período de su vida
laboral para fijar las cuantías de sus retiros.
La segunda es de tipo económico. Resulta que el empleo está
siendo penalizado. El empresario se ve obligado a pagar un plus no productivo
por cada uno de sus empleados y el trabajador, su vez, ve reducido su salario
por mor de su aportación a la seguridad social. Así no es de extrañar los elevados
índices de trabajo sumergido de los que desgraciadamente soportamos. Se ha
estimado que esta economía sumergida representa seguramente entre el 20 o 25
por ciento del PIB; muchísimo dinero. Además, toda la infraestructura necesaria
para controlar el demasiado complejo sistema de la seguridad social representa
un coste muy gravoso para el estado. Sería aconsejable buscar otro modo de
asumir la financiación de la seguridad social.
No veo razón alguna para que exista discriminación alguna
entre sujetos pasivos de la seguridad social. Todo ciudadano que haya alcanzado
la edad de jubilación debe tener derecho a una prestación por parte del estado
con independencia de lo que haya sido o hecho a lo largo de su vida laboral.
Todos, la cigarra y la hormiga. Son personas que no se encuentran ya en
condiciones de proveer a su propio sustento mediante el fruto de su trabajo.
Debe ser ahora el estado el que los atienda de modo que el resto de su vida
pueda transcurrir con la dignidad demandada por todo ser humano.
Estoy diciendo con todo esto que la financiación de la
seguridad social debe estar comprendida como un capítulo más de los
presupuestos generales del estado No debería diferenciarse en nada de cualquier
otro campo de responsabilidad del estado, defensa, sanidad, educación o demás
infraestructuras. Estoy diciendo también que, puesto que nadie cotiza más que
otro, las jubilaciones deberían ser iguales para todos los jubilados, hayan
sido presidentes de gobierno, senadores, amas de casa o peones de albañil. En la senectud uno debe
tener garantizada por la sociedad una existencia libre de angustias económicas.
Es más, digo también que habría que idear algún modo de
relacionar la progresividad de los impuestos con las tasas de paro de modo que
fuera tanto mayor dicha progresividad como elevada fuera la tasa de paro. De
este modo habría un interés general en que las tasas de desempleo siempre
tendieran a ser lo más reducidas posible.
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