domingo, 6 de enero de 2013

SEGURIDAD SOCIAL


En España, la financiación de la seguridad social se apoya, básicamente, en las cuotas o cotizaciones que han de pagar obligatoriamente todos los trabajadores con empleo y, en su caso, sus empleadores. Es decir, el esfuerzo del desarrollo y mantenimiento de la seguridad social recae fundamentalmente en las personas que trabajan. Ello se traduce automáticamente, en dos aberraciones sociales:

La primera es de tipo psicológico. Muchos creen que las cuotas que han ido aportando a lo largo de su vida son una especie de seguro privado para su jubilación y pretenden calcular su retiro en función de ello y se sublevan a la hora de que el estado compute uno u otro período de su vida laboral para fijar las cuantías de sus retiros.

La segunda es de tipo económico. Resulta que el empleo está siendo penalizado. El empresario se ve obligado a pagar un plus no productivo por cada uno de sus empleados y el trabajador, su vez, ve reducido su salario por mor de su aportación a la seguridad social. Así no es de extrañar los elevados índices de trabajo sumergido de los que desgraciadamente soportamos. Se ha estimado que esta economía sumergida representa seguramente entre el 20 o 25 por ciento del PIB; muchísimo dinero. Además, toda la infraestructura necesaria para controlar el demasiado complejo sistema de la seguridad social representa un coste muy gravoso para el estado. Sería aconsejable buscar otro modo de asumir la financiación de la seguridad social.

 

No veo razón alguna para que exista discriminación alguna entre sujetos pasivos de la seguridad social. Todo ciudadano que haya alcanzado la edad de jubilación debe tener derecho a una prestación por parte del estado con independencia de lo que haya sido o hecho a lo largo de su vida laboral. Todos, la cigarra y la hormiga. Son personas que no se encuentran ya en condiciones de proveer a su propio sustento mediante el fruto de su trabajo. Debe ser ahora el estado el que los atienda de modo que el resto de su vida pueda transcurrir con la dignidad demandada por todo ser humano.

 

Estoy diciendo con todo esto que la financiación de la seguridad social debe estar comprendida como un capítulo más de los presupuestos generales del estado No debería diferenciarse en nada de cualquier otro campo de responsabilidad del estado, defensa, sanidad, educación o demás infraestructuras. Estoy diciendo también que, puesto que nadie cotiza más que otro, las jubilaciones deberían ser iguales para todos los jubilados, hayan sido presidentes de gobierno, senadores, amas de casa  o peones de albañil. En la senectud uno debe tener garantizada por la sociedad una existencia libre de angustias económicas.

 

Es más, digo también que habría que idear algún modo de relacionar la progresividad de los impuestos con las tasas de paro de modo que fuera tanto mayor dicha progresividad como elevada fuera la tasa de paro. De este modo habría un interés general en que las tasas de desempleo siempre tendieran a ser lo más reducidas posible.

 

 

 

 

 

 

 

 

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