Luego de muchos años de andar quejoso de la extraordinaria
lentitud de los procesos judiciales me parece que he dado con el meollo del
problema.
Los recursos humanos y materiales de los que se dota al
sistema judicial, en España, son a todas luces insuficientes. ¿Por qué ocurre
esto así?
El estado se basa en tres poderes teóricamente
independientes.
El legislativo se autoasigna los dineros que juzga oportunos
para su buen funcionamiento.
El ejecutivo, que en esta España nuestra, domina sobre el
legislativo, le impone al legislativo lo que debe asignarse al ejecutivo para
su buen funcionamiento.
El poder judicial, sin embargo, no tiene potestad alguna
sobre este tema de asignación presupuestaria. Está a expensas de lo que quieran
asignarle los otros dos poderes del estado.
