En España, la financiación de la seguridad social se apoya,
básicamente, en las cuotas o cotizaciones que han de pagar obligatoriamente
todos los trabajadores con empleo y, en su caso, sus empleadores. Es decir, el
esfuerzo del desarrollo y mantenimiento de la seguridad social recae
fundamentalmente en las personas que trabajan. Ello se traduce automáticamente,
en dos aberraciones sociales:
