El sistema que tenemos para financiar la seguridad social es
una auténtica barbaridad. En aras de una supuesta autonomía se penaliza al
empresario por contratar y al trabajador por trabajar; ambos han de pagar un
tanto más o menos elevado, pero significativo, por cada empleado que haya en
una empresa. Con ello, dicen, se constituye un fondo que sirve para pagar,
principalmente, las jubilaciones. Pero ello trae consigo algunas cosas no
deseables.
Es fácil que empleador y empleado lleguen a un acuerdo para
que el trabajo que se realiza y remunera se haga al margen de lo legal, en
negro como se dice. Así puede haber parados falsos que cobran además el
desempleo y beneficios no declarados que no tributan a la hacienda pública. Ya
se que ésto es ilegal y que no se debería hacer. Pero se hace y siempre es malo
hacer como si la realidad no existiera. A este modo de actuar lo llamamos
economía sumergida y se estima, no se como se estima, en un 25 % del PIB.
Seguramente ésto se sabe y se consiente porque quizás sería más caro dedicar
recursos del estado a vigilar el estricto cumplimiento de una norma legal como ésta.
Cada vez que digo que esta forma de financiación me parece
aberrante, se me dice que de donde se van a sacar los fondos para pagar esas
jubilaciones y esas demás prestaciones. La respuesta es simple. Se sacarían,
como todos los demás gastos del estado, ejército, policía, sistema judicial,
prisiones, etc, del presupuesto nacional. ¿Por qué no?
Si no existiera esa doble penalización legal sobre el empleo
no habría razón alguna para que existiera esa figura de “economía sumergida” ni
tampoco la de “defraudar a la seguridad social”, porque muchas veces los
empleadores retraen de los salarios de sus empleados las cuotas y luego no las
ingresan en el Tesoro.
Si no existiera esa doble penalización sería más barato
contratar y, lógicamente, sería un factor para reducir las listas del INEM.
Al gravar los presupuestos generales del estado con la carga
de financiar los gastos de la seguridad social se lograrían además efectos
benéficos sobre la mentalidad de la sociedad en general.
En primer lugar se acabaría con esa falsa idea que tiene la
gente de que sus cotizaciones a la seguridad social es algo parecido a un
seguro de pensiones. Se pondría de manifiesto de manera inequívoca que las
jubilaciones no nos las pagan con las cotizaciones de nuestra ya pasada vida
laboral. Nos la pagan, con sus cotizaciones ahora, los que trabajan ahora; del
mismo modo nuestras cotizaciones de antaño, se destinaban a sufragar las
jubilaciones de antaño. El que se pueda atender dignamente a los jubilados no
depende de lo que ellos hayan cotizado sino del nivel de empleo que haya. Ha
habido gobiernos que se han enorgullecido del superavit de los fondos de la
seguridad social. No se de que se sintieron tan orgullosos cuando lo único que
hacían era detraer recursos financieros a la sociedad con unos ahorros que no
repercutían en las posibilidades de inversión.
En segundo lugar el conjunto empresarial cobraría conciencia
de que los muy temidos impuestos que se les exige para contribuir al
sostenimiento del estado y de su paz social podrían estar ligados muy
estrechamente a las tasas de paro; serían mayores los impuestos cuando más
altos fueran los niveles de paro.
Me parecen razones suficientes para cambiar el modelo de
financiación de la seguridad social. La seguridad social hay que considerarla
como un gasto más del estado.
