Luego de muchos años de andar quejoso de la extraordinaria
lentitud de los procesos judiciales me parece que he dado con el meollo del
problema.
Los recursos humanos y materiales de los que se dota al
sistema judicial, en España, son a todas luces insuficientes. ¿Por qué ocurre
esto así?
El estado se basa en tres poderes teóricamente
independientes.
El legislativo se autoasigna los dineros que juzga oportunos
para su buen funcionamiento.
El ejecutivo, que en esta España nuestra, domina sobre el
legislativo, le impone al legislativo lo que debe asignarse al ejecutivo para
su buen funcionamiento.
El poder judicial, sin embargo, no tiene potestad alguna
sobre este tema de asignación presupuestaria. Está a expensas de lo que quieran
asignarle los otros dos poderes del estado.
El quid de la cuestión es que a los poderes ejecutivo y
legislativo no les interesa en absoluto que la justicia pueda funcionar con la
celeridad oportuna y conveniente. Funcionando a velocidad de caracol dormido
las arbitrariedades y presuntas corrupciones de ambos poderes suelen quedar
impunes o tan tardíamente sancionadas que no sirve ya de nada.
Habría, de algún modo, fijar como presupuesto para el
funcionamiento del poder judicial un porcentaje del general del estado y que
este poder fuere su administrador.
Pero se que los que pueden argüirán la imposibilidad de que
sea así. No vaya a ser que tengan los jueces tiempo, medios y recursos para
impartir justicia igual para todos,
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